Cambios en la normativa sobre sostenibilidad

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La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, o Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa) es una nueva normativa de la Unión Europea que establece requisitos más estrictos para la divulgación de información relacionada con sostenibilidad por parte de las empresas. Fue adoptada oficialmente el 10 de noviembre de 2022 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de diciembre de ese mismo año, entrando en vigor el 5 de enero de 2023.

La CSRD reemplaza a la anterior Directiva de Información No Financiera (NFRD) con el objetivo de transformar la forma en que las empresas reportan su sostenibilidad. Entre sus metas principales, busca aumentar la transparencia y la calidad de los informes, obligando a las empresas a detallar su impacto en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (criterios ESG). Además, introduce el concepto de doble materialidad, que evalúa tanto cómo los factores de sostenibilidad afectan a la empresa como el impacto que las operaciones de la empresa tienen en el mundo.

Otro gran cambio es la necesidad de que los informes sean comparables y verificables, para lo cual establece estándares europeos obligatorios (los ESRS). También amplía significativamente el alcance de la normativa, pasando de 11.000 empresas reguladas bajo la NFRD a unas 50.000 empresas, incluyendo PYME’s cotizadas.

La CSRD se está implementando de forma gradual, y estos son algunos momentos clave que debemos tener presentes:

• 1 de enero de 2024: Grandes empresas ya sujetas a la NFRD deberán empezar a reportar sobre el año fiscal 2024.
• 1 de enero de 2025: Todas las grandes empresas que cumplan dos de los siguientes tres criterios:
  • Más de 250 empleados.
  • Más de 40 millones de euros en ingresos.
  • Más de 20 millones de euros en activos.
• 1 de enero de 2026: PYME’s cotizadas, excepto microempresas, deberán cumplir con los requisitos simplificados.
• 1 de enero de 2028: Empresas de terceros países con actividades significativas en la UE (ingresos superiores a 150 millones de euros en la UE y una filial o sucursal significativa).

El cambio más relevante es que las empresas grandes deberán exigir información relativa a sostenibilidad a sus socios y proveedores para cumplir con los requisitos, lo que indirectamente afecta a PYME’s, ONG’s y otras entidades.

Las PYME’s cotizadas están directamente afectadas por la CSRD, pero incluso aquellas que no cotizan (la mayoría) sentirán la presión de sus socios comerciales para proporcionar datos sobre su sostenibilidad. La transparencia se está convirtiendo en una demanda de toda la cadena de valor.

Las PYME’s, sean o no cotizadas, deben comenzar a medir y gestionar su impacto ambiental y social. Adoptar estándares de sostenibilidad, aunque no sea obligatorio, puede prepararlas para las demandas futuras. Cumplir con estas expectativas puede abrirles puertas a nuevos mercados, clientes y financiación verde.

Administraciones públicas:

Aunque no están directamente reguladas por el CSRD, las administraciones públicas pueden influir enormemente en su implementación. Por poner algunos ejemplos:

• Contratación sostenible: podrían exigir que las empresas proveedoras cumplan con los estándares de sostenibilidad de la CSRD.
• Políticas públicas: crear incentivos fiscales o programas de apoyo para empresas que adopten prácticas responsables.
• Ejemplo propio: alinear sus operaciones con principios de sostenibilidad puede inspirar a empresas y otras entidades a hacer lo mismo.

La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) no es solo una normativa más; es una invitación a transformar la manera en que las organizaciones, grandes y pequeñas, interactúan con el mundo. Ya seas una gran empresa, una PYME, una ONG o parte del Cuarto Sector, el impacto directo e indirecto de esta directiva está reconfigurando el panorama empresarial y social hacia un modelo más transparente y responsable.